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Comisión 3: Asuntos culturales, humanitarios y sociales

TÓPICO: Medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra la trata de personas.

 

Generalidades

La trata de personas es un problema mundial y un delito vergonzoso, pues priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo; los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos.

La trata de personas afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino, y se ha informado de que en 137 Estados se ha explotado a víctimas de por lo menos 127 países

De manera global, una de cada cinco víctimas son niños, aunque en las regiones y subregiones más pobres, como en África y el Gran Mekong, conforman la mayoría de las personas traficadas. Por su parte, las mujeres equivalen a dos tercios de las víctimas de la trata de personas en el mundo; de ahí que mujeres y niños representen los sectores más afectados de la sociedad a este respecto

Pertinencia del tópico

La trata de personas con fines de explotación es una gravísima violación de los derechos humanos,[1] que constituye una forma moderna de esclavitud y es una de las formas más crueles de violencia de género. Según la Organización Internacional del Trabajo, la trata afecta cada año a unas 2.500.000 personas, especialmente mujeres y niñas en todo el mundo. Éste es un negocio transnacional que genera unos 7.000 millones de dólares anuales, situándose en el tercer lugar entre los negocios ilícitos más lucrativos, tras el tráfico de drogas y de armas; de ahí que ha despertado el interés de los Estados y las Organizaciones Internacionales respecto a la necesidad de hacer frente a tan alarmante problema.

La Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas(AGNU) se ocupa de los asuntos sociales, humanitarios y culturales. Entre ellos se encarga del análisis de los Derechos Humanos a escala internacional, trata todos los temas que tienen que ver con el desarrollo social de ahí que se encuentra entre su competencia el análisis de la trata de personas y la cooperación internacional a fin de combatir dicho flagelo; en tal sentido este ha sido un tema debatido prácticamente en cada periodo de sesiones de esta comisión principal de la AGNU desde que se arribó a este milenio.

Trata de Personas

Según la definición del protocolo de Palermo, la trata de personas es "(...) la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluye como mínimo, la derivada de la prostitución y de otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares, servidumbre y extracción de órganos".

La trata ha sido definida en los numerosos mecanismos internacionales como una grave violación de los derechos humanos, significa que la víctima de trata lo es por haber sufrido una grave violación de sus derechos, sin que su reconocimiento como víctima pueda, en ningún caso, estar condicionado a la cooperación con las autoridades.

A nivel nacional, los países siguen aplicando el Protocolo y procurando incorporar la legislación en materia de trata de personas en su derecho interno. Año tras año también aumenta el número de países que cuentan con legislación pertinente, con dependencias policiales destinadas a combatir la trata y con planes de acción nacionales para hacer frente a ese flagelo. Sin embargo, pese al aumento del número de condenas por el delito de trata, la cantidad aún sigue siendo baja. Para abordar esa cuestión es indispensable lograr una aplicación más efectiva del Protocolo a nivel nacional y una mayor cooperación en los planos regional e internacional.

La lucha contra la trata de personas no debe considerarse solamente responsabilidad de las autoridades. Los ciudadanos comunes pueden ayudar a combatir ese delito siendo conscientes del problema y asegurándose de que la penosa situación de las víctimas no pase inadvertida

Conceptos y Términos

• Trata de personas y Tráfico de personas:

    La finalidad de la trata es la explotación de la persona tras su traslado de un punto a otro.

    La finalidad del tráfico es el traslado de personas ilegalmente a través de fronteras nacionales.

• Captación: puede entrañar actividades en el país de origen, en el de tránsito o en el de destino, en las que intervengan agencias privadas de reclutamiento legal o semi-legal.

• Traslado: comprende las actividades que facilitan la trata en los países de tránsito.

• Esclavitud: es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o alguno de ellos. Ser un esclavo es estar controlado por otra persona o personas de tal manera que su voluntad no pueda determinar el curso de su vida, ni ser remunerado por su trabajo, siendo estos sacrificios imposibles de reclamar.

• Servidumbre: prácticas parecidas a la esclavitud, como servidumbre por deudas, matrimonio forzoso o la explotación de niños/as.

• Matrimonio forzoso: es una violación de los derechos humanos y una forma de la violencia de género. Consiste en un matrimonio en que uno o los dos individuos no da su consentimiento válido y en que la coacción (incluyendo presión emocional y hasta acciones criminales como secuestro o asalto) es un factor. Se puede utilizar el matrimonio forzoso como método de reclutamiento de víctimas de la trata de personas.

El hecho de que la trata sea definida en los numerosos mecanismos internacionales como una grave violación de los derechos humanos significa que la víctima de trata lo es por haber sufrido una grave violación de sus derechos, sin que su reconocimiento como víctima pueda, en ningún caso, estar condicionado a la cooperación con las autoridades.

A nivel nacional, los países siguen aplicando el Protocolo y procurando incorporar la legislación en materia de trata de personas en su derecho interno. Año tras año también aumenta el número de países que cuentan con legislación pertinente, con dependencias policiales destinadas a combatir la trata y con planes de acción nacionales para hacer frente a ese flagelo. Sin embargo, pese al aumento del número de condenas por el delito de trata, la cantidad aún sigue siendo baja. Para abordar esa cuestión es indispensable lograr una aplicación más efectiva del Protocolo a nivel nacional y una mayor cooperación en los planos regional e internacional.

La lucha contra la trata de personas no debe considerarse solamente responsabilidad de las autoridades. Los ciudadanos comunes pueden ayudar a combatir ese delito siendo conscientes del problema y asegurándose de que la penosa situación de las víctimas no pase inadvertida

Sistema de Naciones Unidas y lucha contra la trata de personas

En diciembre de 2003 entró en vigor el Protocolo de Palermo que, desde entonces, ha sido ratificado por numerosos Estados[2]. Los fines del Protocolo son: prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines. La UNODC ofrece ayuda práctica a los Estados en la aplicación del Protocolo, orientándolos en la redacción de leyes y la elaboración de estrategias nacionales amplias de lucha contra la trata de personas, y ayudándolos con los recursos necesarios para aplicarlas. Antes de la aprobación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (también conocido como Protocolo de Palermo), hacían referencia a la trata de personas varios instrumentos, como la Convención sobre la Esclavitud, de 1926, la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, de 1956, y el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, de 1949. Otros documentos normativos internacionales también contienen disposiciones contra la trata de personas, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979; y la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, y su Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, de 2000.

Asimismo, varios instrumentos de la OIT son pertinentes para la lucha contra la trata de personas, en particular el Convenio relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio, 1930 (Nº 29); el Convenio relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor, 1951 (Nº 100); el Convenio relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (Nº 105); el Convenio relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación, 1958 (Nº 111); el Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, 1973 (Nº 138), y el Convenio sobre la prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, 1999 (Nº 182). Reviste particular importancia el Protocolo del Convenio sobre el Trabajo Forzoso, de 1930, que entró en vigor en 2014 a fin de complementar el Convenio Nº 29 y reforzar el derecho internacional vigente. El Protocolo crea nuevas obligaciones para prevenir el trabajo forzoso, proteger a las víctimas y facilitar el acceso a las vías de reparación, como la indemnización por los daños físicos y materiales. También cuenta con el apoyo de una recomendación que proporciona orientación técnica sobre su aplicación.

El Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (Nº 189) de la OIT, que entró en vigor en 2013, y su Recomendación Nº 201, amplían los derechos laborales básicos de los trabajadores domésticos, incluidos los que se encuentran en hogares particulares, que carecen de condiciones de empleo claras, no están registrados y quedan fuera del ámbito de aplicación de la legislación laboral. Subraya el deber de diligencia de los Estados en la eliminación efectiva del trabajo infantil y establece una edad mínima para los trabajadores domésticos.

Respecto a los organismos internacionales podemos citar La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que ha prestado asistencia técnica a los Estados Miembros que la solicitaban con miras a la ratificación y aplicación efectiva del Protocolo contra la Trata de Personas, así como a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en sus períodos de sesiones 23º y 24º, celebrados en mayo de 2014 y mayo de 2015, respectivamente; a la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en su séptimo período de sesiones, celebrado en octubre de 2014; y al 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en abril de 2015.

Asimismo es válido destacar el rol que han desempeñado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños¸ la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; la Organización Internacional del Trabajo; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; la Organización de Aviación Civil Internacional,  Organización Internacional para las Migraciones, entre otras.

Elementos de estudio

·         Trata de personas / Tráfico de personas

·         Prostitución/Abuso sexual

·         trabajo forzoso/servidumbre doméstica/explotación domestica

·         Esclavitud/servidumbre

·         mendicidad infantil

·         extracción de órganos

·         Derechos humanos y trata de personas.

Documentos a consultar:

·         A/RES/70/179;  A/70/PV.80; GA/11745

·         Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo)

·         Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente Mujeres y Niños

·         Resoluciones de la Asamblea General: 61/180; 64/178; 67/190; 68/192; 55/67; 58/137; 59/166; 61/144; 63/156; 63/194; 68/53; 68/4; 70/174, anexo, 64/293; 45/158.

·         Resolución 2015/23 del Consejo Económico y Social

·         Resolución 26/8 del Consejo de Derechos Humanos

·         A/HRC/29/38

·         A/HRC/26/18 y A/69/269

·         Decisiones y Resoluciones e Informes de la Relatora especial para la Trata de personas

·         Informes de la UNODC

Sitios web:

·         www.un.org   

·         www.unodc.org/toc/es/crimes/human-trafficking.html

·         http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/....

·         http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010....

·         http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-traffic....

·         http://www.accem.es/es/monograficos/trata-de-personas


[1] La trata de personas es en sí misma una gravísima violación de los derechos humanos y, al mismo tiempo, suele implicar la violación de otros derechos humanos como:

    Derecho a no sufrir esclavitud o servidumbre forzada.

    Derecho a no sufrir prácticas de tortura u otras formas de trato inhumano o degradante.

    Derecho a la salud.

    Derecho a una vivienda digna en condiciones de seguridad.

    Derecho a no ser discriminado por razón de género.

    Derecho a un trabajo justo y con condiciones favorables.

    Derecho a la vida.

[2]El 27 de enero de 2015, el Protocolo tenía 117 signatarios y 166 partes.

 

ÁREA CLAVE: Derecho a un medio ambiente sano.

Generalidades

En el debate internacional sobre los derechos humanos, ha predominado hasta ahora una perspectiva occidental según la cual los derechos se han clasificado en los denominados Derechos Fundamentales, Derechos Económicos Sociales y Culturales y los Derechos Colectivos.

Los primeros, también denominados Derechos Civiles y Políticos, se caracterizan por ser derechos completamente inherentes a la calidad de ser humano, se predican particularmente respecto a la libertad e igualdad que tenemos los seres humanos en los diferentes ámbitos de la vida; por ejemplo libertad política, religiosa, de profesión u oficio igualdad de trato frente a las autoridades, igualdad de oportunidades, entre otras.

Una segunda categoría de derechos es la de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) caracterizados por surgir a partir de las reivindicaciones propias del movimiento socialista. Son aquellos derechos mediante los cuales se debe garantizar a todas las personas unas condiciones mínimas que hagan posible su vida en sociedad de manera digna; entre ellos se encuentran el derecho a la educación, a la vivienda, recreación, entre otros.

Por otro lado, los derechos de tercera generación también conocidos como Derechos Colectivos son los más recientes, empezaron a ser concebidos alrededor de la década de 1980. Dentro de estos derechos se encuentra el derecho a la paz y el derecho al medio ambiente.

La tercera generación de los derechos humanos, que incluye el derecho a un medio ambiente sano, surge en 1966, cuando la ONU los establece para promover el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos.  Estos derechos se relacionan con la corresponsabilidad en beneficio de la humanidad. 

El derecho al medio ambiente es materia de estudio de la rama del derecho ambiental, la cual puede definirse como el conjunto de normas dispuestas para regular el uso adecuado de los recursos naturales renovables y la protección que ostentan todos los individuos de gozar de un medio ambiente sano.  El derecho ambiental, se caracteriza por ser una rama del derecho autónoma, pero interconectado con otras áreas del derecho y otras ciencias, también es un derecho supranacional, en la medida en que el interés de proteger el medio ambiente va más allá de cualquier frontera establecida políticamente, debido a que el medio ambiente es de todos y sin importar donde nos encontremos, las actuaciones de cada uno afectan positiva o negativamente al resto de los individuos.

La Carta de las Naciones Unidas no hace mención específica sobre cuestiones del medio ambiente o del desarrollo sostenible, sin embargo, tanto en la Asamblea General como en el Consejo Economico y Social se examinan ampliamente las cuestiones ambientales.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es el principal programa que considera el tema y la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible es el principal foro donde los Estados Miembros de la ONU pueden discutir cuestiones relacionadas con el medio ambiente

Explícitamente ha sido recogido en varias declaraciones de la ONU como la Resolución de la Asamblea General 45/94donde se puede leer que: “todas las personas tienen derecho a vivir en un ambiente adecuado para su salud y bienestar”. También hay un reconocimiento de este derecho en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humanoaprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, en la Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, en el Protocolo de Kyoto de 2005y en la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentesque, en su artículo 3, reconoce el derecho a habitar el planeta y al medio ambiente. Igualmente, el Protocolo de San Salvadorestablece en su artículo 11 que “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”.

Aunque se trate de un derecho que no está explícitamente reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) su reconocimiento se deriva fundamentalmente de sus artículos 12 y 13. En el ámbito regional, destacan el Convenio Europeo de Derechos Humanos-art. 8.1- el Protocolo de San Salvador -arts. 7 (e) y 11- y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos-art. 24-.

Un primer antecedente en el debate internacional del tema se encuentra en la Declaración de Estocolmo de 1972 que surgió en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. En ella por primera vez se habló del derecho a un medio ambiente sano como un derecho de la humanidad y también se estableció la obligación de los Estados de no generar daño a otro Estado. Sin embargo se pone de relieve que este instrumento internacional no tiene efectos vinculantes para los Estados precisamente por su carácter declarativo. Las principales recomendaciones que en este instrumento se concibieron se refirieron al agua y al manejo del agua ya que es un recurso indispensable para el desarrollo y supervivencia de la humanidad.

También se encuentra la Declaración de Río de Janeiro, la cual tampoco tiene efectos vinculantes, precisamente por su carácter declarativo. Es el primer instrumento que logró unir el tema del derecho a un medio ambiente sano con el concepto de desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible hace referencia a la búsqueda de un equilibrio armónico entre el desarrollo económico y el gasto de la oferta ambiental en que se sustenta, con el objetivo de guardar y proteger los recursos naturales para las generaciones futuras. 

Éste instrumento se desarrolló en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Lo propuesto en tal declaración parte de la base de tomar al ser humano como el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Se consagra como compromiso de todos los Estados la adopción de todas las medidas posibles que se consideren pertinentes para erradicar la pobreza y brindar condiciones adecuadas en materia de salud para toda la población. Uno de los más importantes compromisos consagrados en este instrumento internacional consiste en que los Estados deberán promulgar leyes eficaces en materia de protección al medio ambiente, particularmente en lo que respecta a los daños y perjuicios generados por la contaminación del hábitat donde se encuentran las personas, también se comprometen a adoptar políticas demográficas adecuadas y a eliminar las modalidades de producción y consumo que sean insostenibles.

Se reafirma el deber de aplicar el principio de precaución según el cual “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente” (principio 15 de la declaración), se reafirma también el principio de soberanía que implica que los Estados tienen derecho a usar sus recursos de la forma que lo consideren más conveniente. Los Estados tienen pleno derecho sobre sus recursos naturales, sin embargo ese manejo de sus recursos, en ningún caso puede ocasionar daño a otro Estado.

Posteriormente se encuentra la declaración de Johannesburgo realizada en el 2002 la cual renovó el compromiso político en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. Recogió lo establecido en los dos instrumentos internacionales mencionados anteriormente y también tocó lo referente al manejo del agua potable, pobreza, empleo, salud, educación entre otros temas de interés para ese momento.

Cabe resaltar que frente a la protección del derecho al medio ambiente sano se han identificado dos problemas fundamentales a saber: los relacionados con el deterioro de la capa de ozono y lo referentes al cambio climático frente a estos dos temas, concretamente se encuentra dos instrumentos internacionales independientes y especializados los cuales son: el tratado de Montreal y la Convención Marco de Naciones Unidas para el cambio Climático.

El tratado de Montreal fue una respuesta al deterioro presentado en la capa de ozono. Fue  negociado en 1987 y entró en vigor el primero de enero de 1989. Ha sido ratificado por todos los países.  Consagró la obligación de no producir, no importar, no exportar los gases cloruro carbonados, para lo cual se otorgó un plazo de 10 años para los países desarrollados. También consagró la creación de un fondo común para que ayudará a los países sub desarrollados a implementar el tratado dadas sus escasas posibilidades económicas.  Este protocolo se caracterizó por involucrar a los grandes empresarios dentro de la negociación del tratado, lo cual hizo que tuviera gran acogida a nivel mundial, es decir, la  negociación no se realizó exclusivamente entre Estados, sino que se le dio la posibilidad a los particulares de intervenir y pronunciarse sobre el mencionado instrumento internacional.

Respecto al cambio climático, en la década de los 80, un grupo de científicos se percataron de que los rayos del sol tienden a entrar en la atmosfera terrestre, calentarla y deben volver a salir, sin embargo, existe una capa de gases que retienen ese calor  para mantener la temperatura del planeta, pero esa capa natural se ha incrementado  por causas antropogénicas lo que ha hecho que se retenga una mayor cantidad de calor de la que debería por naturaleza retenerse y por lo tanto se ha ido calentando el planeta.

Frente a la problemática anteriormente mencionada surgió la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNVCC), la cual buscó reducir las emisiones de los gases efecto invernadero. El 50% de los gases efecto invernadero está compuesto por el dióxido de carbono CO2, que tarda alrededor de 100 años en salir de la atmosfera terrestre, el otro 50% de los gases efecto invernadero se compone por  el metano, óxido nitroso, óxido de azufre, entre otros. 

Las principales causas del cambio climático identificadas en documentos internacionales son: La quema de combustibles fósiles, tales como el petróleo o el carbón; y  La deforestación, debido a que los bosques son los principales receptores del dióxido de carbono, entonces al eliminar los bosques, reservas forestales y los corales, además de liberar el dióxido de carbono en ellos contenido, se elimina una fuente de absorción de los gases efecto invernadero, así que el daño es doble.

Para alcanzar el objetivo propuesto, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático estableció tres obligaciones, las dos primeras son exclusivas de los países anexo 1, es decir de los países que entran dentro de la clasificación de “Países desarrollados” y la última obligación está radicada tanto en los países anexo 1, como en los países anexo 2 y 3 (es decir los que se encuentran en vía de desarrollo y los que están en un proceso de recuperación económica como consecuencia de la segunda guerra mundial respectivamente):

-       Los países desarrollados se comprometieron a disminuir las emisiones de los gases efecto invernadero con base en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, considerando que ellos eran los que más contaminaban porque tienen más acceso a la tecnología y más recursos económicos. Para determinar el cumplimiento o no de esta obligación se toma como base las cantidades de emisión de la década de 1990. 

-       Aporte económico y de tecnología a los países anexo 2 y 3. 

-       Obligación de hacer informes periódicos sobre los porcentajes de emisión de gases efecto invernadero. La convención no hizo referencia a que se entendía por periódicos, dejando así un vacío normativo, el cual es llenado a través de lo que cada Estado considere como periódico, por ende hay una gran discrecionalidad para las altas partes contratantes.  

Todo esto se encuentra recogido en el protocolo de Kyoto, el cual fue negociado en 1997 y entró en vigor sólo hasta el 2005. El objetivo de este protocolo fue desarrollar el contenido normativo de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y establecer unas metas específicas de reducción en un tiempo determinado.

Actualmente, el Acuerdo de París, aprobado en diciembre de 2015, está llamado a sustituir progresivamente al Protocolo de Kyoto como mecanismo de implementación de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En virtud de este documento, todos los países tienen compromisos que cumplir en materia de reducción de emisiones.

El tratamiento del tema por parte de ONG hasta ahora se ha orientado fundamentalmente a motivar que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentar la cooperación para garantizar un futuro más próspero y seguro. Se parte del principio de que el impacto causado al mundo depende de cuántos recursos y energía se consumen. De ahí que activistas  y movimientos sociales consideren que para ejercer el derecho al medio ambiente sano es necesario asumir que las actividades cotidianas potencialmente generan contaminación y daños al medio ambiente y que debe cuidarse el aire, la tierra y el agua. 

En el debate, posiciones más progresistas insisten en que el derecho a un ambiente adecuado se deriva de otros como el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a la salud e, incluso, el derecho a la vida. También han defendido que el derecho a un medio ambiente adecuado incluye el derecho a disfrutar de un entorno ambiental seguro para el desarrollo de la persona y tiene, como contrapartida, el deber de conservarlo y la obligación por parte de los poderes públicos de velar por una utilización racional de los recursos naturales.

Bibliografía:

·         Declaración de Estocolmo, 1972, [En línea] disponible en: http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/estocolmo01.pdf Recuperado 1 abril de 2012.

·         Declaración de Río de Janeiro, 1992, [En línea] disponible en: http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml Recuperado 11 de abril de 2012.

·         Declaración de Johannesburgo, 2002, [En línea] disponible en: http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/cumbre_ni.htm Recuperado 13 de abril de 2012.

·         Green house effect and global warming,  [En línea] disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=dP-tg4atr5M&feature=related  Recuperado 30 de mayo 2012.

Manual del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono,  [En línea] disponible en: http://ozone.unep.org/spanish/Publications/MP-Handbook-07-es.pdf Recuperado 4 de junio de 2012